Sin lugar a dudas, el tema de la seguridad es el más importante para los mexicanos. Se trata de una cuestión no sólo de interés público sino de utilidad y consecuencias económicas y, por lo tanto, de beneficio político. La seguridad pública y la certidumbre jurídica constituyen la mayor demanda social, no luchar para lograrlas frenaría el desarrollo económico, social y del Estado.
Una sociedad saludable, con seguridad pública y certidumbre jurídica, es una sociedad con crecimiento de oportunidades de desarrollo tanto colectivo como individual, pero los vicios y las limitaciones en estas áreas se traducen en forma casi inmediata en decisiones que limitan o anulan el desarrollo económico, ya que se trata de los factores más sensibles a la preocupación de los contribuyentes e inversionistas que son -cualquiera que sea la teoría económica del Estado- los patrocinadores y promotores del desarrollo económico.
La lentitud en la respuesta a estas demandas afecta al Estado, independientemente de la tendencia política del mismo y de su gobierno. De ahí que la falta de solución oportuna a ambos problemas sea un pesado obstáculo para el progreso, tanto de países como de individuos.
En el Estado Mexicano actual, la sociedad está consciente de ese fenómeno y demanda en consecuencia una reforma estruc¬tural que garantice positivamente modificar la situación. Hace falta sustituir un ciclo vicioso, en el que la violencia lleva mucho tiempo superando los límites de tolerancia sociales, por un círculo virtuoso, en el que las acciones negativas de algunos de sus elementos se limiten, transformen, reduzcan su incidencia y por último se aniquilen gradualmente, con un consecuente efecto de beneficio. El trabajo que aquí se presenta aclara específicamente la serie de cambios necesarios para lograr esos objetivos con el enfoque exclusivo de la seguridad pública.
Dentro de los cambios sociales que han sido recientemente gestados -con la participación de representantes de los poderes del pacto federal y los más importantes promotores sociales-, se ha forjado el Acuerdo de Chapultepec, cuyos principales objetivos se pueden resumir en cinco puntos que abarcan los temas de más urgente interés de solución, respecto a:
1. Estado de derecho y la seguridad pública, el pacto propone consolidar un Estado democrático de derecho, que garantice libertades, derechos humanos y sociales, y seguridad física y jurídica.
2. Desarrollo con justicia, la misma alianza promoverá el desarrollo económico y el empleo, buscando lograr un crecimiento económico acelerado, sostenido y sustentable, con empleo y con políticas redistributivas.
3. Educación, atiende a formar y desarrollar capital humano y social, con más y mejores servicios de salud y educación.
4. Riqueza a generar o desarrollo de capital físico, busca acelerar la construcción de infraestructura y de vivienda.
5. Administración pública, pretende reformarla para hacerla más eficaz y transparente al servicio de los ciudadanos.
No es casual que el trabajo que aquí se presenta, además de que está enfocado muy específicamente a proponer "el cómo" resolver la parte más compleja de los puntos que se enuncian en el primer punto, conlleva a la integración y construcción sana de los otros cuatro puntos que presentan los cimientos para un crecimiento económico.
Adicionalmente, el 7 de marzo del 2006 se pidió de manera pública crear la Comisión Nacional de Infraestructura, dentro del mencionado Acuerdo de Chapultepec, y todo esto sucede dentro del marco de una economía en la que las autoridades responsables del rumbo de la nación pronosticaron un crecimiento global del 7% al 7.5% anual del PIB Y que se ha estancado realmente en valores cercanos al 3%. Si se busca la competitividad económica y comercial de México, con ese último valor se genera una pérdida de competitividad que crecerá rápidamente en forma exponencial ante aquellos países que han demostrado éxito económico en los últimos años. Es evidente que esto sucederá en un mundo globalizado en el que todos compiten por los mercados. De no reorientar la economía, la consecuencia a mediano y largo plazo será que la falta de competitividad del país se traducirá, obligadamente, en una pérdida de nivel en todos los sectores y núcleos sociales.
Al darse cuenta de esto, los dirigentes y técnicos más connotados del país, mismos que fueron invitados a sumarse al acuerdo que se menciona, analizaron las razones de ese posible demérito y determinaron que la falta de inversión oportuna en infraestructura es la causa primaria de este retroceso y de la pérdida de posiciones, pero la decisión de invertir en infraestructura en las naciones actuales es mixta, ya que conlleva decisiones tanto de gobiernos como de representantes sociales y hacer positiva esa decisión no será posible sin una garantía de seguridad social.
Así, los promotores del Acuerdo de Chapultepec detonaron la iniciativa de crear la Comisión Nacional de Infraestructura cuyas responsabilidades sociales serán las de estudiar los proyectos más importantes y buscar los fondos para los mismos. Ellos están entre los empresarios más exitosos a nivel mundial. Esto constituye la garantía de que las tareas que ahí se han propuesto llevarán a los resultados buscados. Esos promotores han tenido el mayor éxito en los últimos veinte años, medido en el crecimiento real de las empresas que se han propuesto realizar.
El autor del presente trabajo, uno de los especialistas con más preparación en el ámbito nacional, se ha ocupado de entender las raíces del problema de seguridad social y, mediante la aplicación del método científico, ha construido, como conclusión de esa tarea de observación, análisis y síntesis, una serie de propuestas para resolver este problema. Estas propuestas conforman la razón de ser del presente libro.
Una sociedad saludable, con seguridad pública y certidumbre jurídica, es una sociedad con crecimiento de oportunidades de desarrollo tanto colectivo como individual, pero los vicios y las limitaciones en estas áreas se traducen en forma casi inmediata en decisiones que limitan o anulan el desarrollo económico, ya que se trata de los factores más sensibles a la preocupación de los contribuyentes e inversionistas que son -cualquiera que sea la teoría económica del Estado- los patrocinadores y promotores del desarrollo económico.
La lentitud en la respuesta a estas demandas afecta al Estado, independientemente de la tendencia política del mismo y de su gobierno. De ahí que la falta de solución oportuna a ambos problemas sea un pesado obstáculo para el progreso, tanto de países como de individuos.
En el Estado Mexicano actual, la sociedad está consciente de ese fenómeno y demanda en consecuencia una reforma estruc¬tural que garantice positivamente modificar la situación. Hace falta sustituir un ciclo vicioso, en el que la violencia lleva mucho tiempo superando los límites de tolerancia sociales, por un círculo virtuoso, en el que las acciones negativas de algunos de sus elementos se limiten, transformen, reduzcan su incidencia y por último se aniquilen gradualmente, con un consecuente efecto de beneficio. El trabajo que aquí se presenta aclara específicamente la serie de cambios necesarios para lograr esos objetivos con el enfoque exclusivo de la seguridad pública.
Dentro de los cambios sociales que han sido recientemente gestados -con la participación de representantes de los poderes del pacto federal y los más importantes promotores sociales-, se ha forjado el Acuerdo de Chapultepec, cuyos principales objetivos se pueden resumir en cinco puntos que abarcan los temas de más urgente interés de solución, respecto a:
1. Estado de derecho y la seguridad pública, el pacto propone consolidar un Estado democrático de derecho, que garantice libertades, derechos humanos y sociales, y seguridad física y jurídica.
2. Desarrollo con justicia, la misma alianza promoverá el desarrollo económico y el empleo, buscando lograr un crecimiento económico acelerado, sostenido y sustentable, con empleo y con políticas redistributivas.
3. Educación, atiende a formar y desarrollar capital humano y social, con más y mejores servicios de salud y educación.
4. Riqueza a generar o desarrollo de capital físico, busca acelerar la construcción de infraestructura y de vivienda.
5. Administración pública, pretende reformarla para hacerla más eficaz y transparente al servicio de los ciudadanos.
No es casual que el trabajo que aquí se presenta, además de que está enfocado muy específicamente a proponer "el cómo" resolver la parte más compleja de los puntos que se enuncian en el primer punto, conlleva a la integración y construcción sana de los otros cuatro puntos que presentan los cimientos para un crecimiento económico.
Adicionalmente, el 7 de marzo del 2006 se pidió de manera pública crear la Comisión Nacional de Infraestructura, dentro del mencionado Acuerdo de Chapultepec, y todo esto sucede dentro del marco de una economía en la que las autoridades responsables del rumbo de la nación pronosticaron un crecimiento global del 7% al 7.5% anual del PIB Y que se ha estancado realmente en valores cercanos al 3%. Si se busca la competitividad económica y comercial de México, con ese último valor se genera una pérdida de competitividad que crecerá rápidamente en forma exponencial ante aquellos países que han demostrado éxito económico en los últimos años. Es evidente que esto sucederá en un mundo globalizado en el que todos compiten por los mercados. De no reorientar la economía, la consecuencia a mediano y largo plazo será que la falta de competitividad del país se traducirá, obligadamente, en una pérdida de nivel en todos los sectores y núcleos sociales.
Al darse cuenta de esto, los dirigentes y técnicos más connotados del país, mismos que fueron invitados a sumarse al acuerdo que se menciona, analizaron las razones de ese posible demérito y determinaron que la falta de inversión oportuna en infraestructura es la causa primaria de este retroceso y de la pérdida de posiciones, pero la decisión de invertir en infraestructura en las naciones actuales es mixta, ya que conlleva decisiones tanto de gobiernos como de representantes sociales y hacer positiva esa decisión no será posible sin una garantía de seguridad social.
Así, los promotores del Acuerdo de Chapultepec detonaron la iniciativa de crear la Comisión Nacional de Infraestructura cuyas responsabilidades sociales serán las de estudiar los proyectos más importantes y buscar los fondos para los mismos. Ellos están entre los empresarios más exitosos a nivel mundial. Esto constituye la garantía de que las tareas que ahí se han propuesto llevarán a los resultados buscados. Esos promotores han tenido el mayor éxito en los últimos veinte años, medido en el crecimiento real de las empresas que se han propuesto realizar.
El autor del presente trabajo, uno de los especialistas con más preparación en el ámbito nacional, se ha ocupado de entender las raíces del problema de seguridad social y, mediante la aplicación del método científico, ha construido, como conclusión de esa tarea de observación, análisis y síntesis, una serie de propuestas para resolver este problema. Estas propuestas conforman la razón de ser del presente libro.
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